Senado aprueba ampliación de facultades de control policial en la identificación de ilegales en el país
El Senado despachó a su tercer trámite constitucional, en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica la ley N° 20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería (Boletín N° 15.270-06).
La iniciativa permite ampliar las hipótesis de control preventivo de identidad y dotar a los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes irregulares, o con permisos de residencia vencidos, para así dar mejor cumplimiento a los procesos de regularización y expulsión.
Según explicó el senador José Durana, la crisis migratoria que vive el país y el gran flujo migratorio, en gran parte irregular, superando los 53 mil ingresos clandestinos en 2022 afecta principalmente a la zona norte de Chile, donde el descontrol migratorio continua, así como también la violencia y delincuencia.
Detalló que el buen resultado de tener a las Fuerzas Armadas desplegadas en las fronteras del norte del país, en virtud de la Ley de Infraestructura Crítica, ha permitido contener a más de 7 mil migrantes que han sido contenidos por pasos no habilitados.
Por lo mismo, el legislador valoró la aprobación del proyecto que amplía las facultades de control policial para identificar a las personas ilegales en Chile porque se hace cargo de modificar y mejorar el sistema de notificaciones de procesos de expulsión de quienes ingresaron de manera irregular.
Explicó que si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria el sujeto sometido a control mantuviere pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsión u otros de la ley N°21.325, se procederá a su notificación inmediata.
Luego se dejará constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero y debido a que muchos han ingresado, de manera irregular, entregando como domicilio algunas instituciones como la Defensoría Penal Pública de Arica lo cual no es real.
Finalmente, el parlamentario ariqueño mencionó que quienes cometan los delitos de robo, hurto y receptación y sean sometidos a la acreditación de su situación migratoria, será conducido por un funcionario policial a la PDI para dicho efecto, de forma tal que si existe en su contra una orden de expulsión siendo inmediatamente notificado.
En este mismo sentido, Durana Semir precisó que es necesario evaluar las denuncias y autodenuncias de los inmigrantes porque son personas que ingresan, y al ser denunciados por la Autoridad, se autodenuncian voluntariamente y luego todos quedan en libre circulación por la región y el país.
“En Arica y Parinacota de un total de más de 8000 denunciados, sólo 1.200 personas están cumpliendo con los procesos de firma y se desconoce el paradero del resto de los migrantes que están ilegalmente en Chile, situación que preocupa de sobremanera”, afirmó el senador.
