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Condenan a 12 años de presidio a autor de abuso sexual y violación de menor de 14 años

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy –lunes 24 de marzo– a M.A.R.I. a la pena única de 12 años, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de cargo u oficio público y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, en calidad de autor de los delitos consumados de abuso sexual impropio y violación impropia. Ilícitos perpetrados en 2013, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Eduardo Rodríguez Muñoz (presidente), Óscar Huenchual Pizarro (redactor) y Gabriel Ormeño Valdebenito– impuso, además, al condenado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

“(…) se le condena a las penas de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la conducta establecida en el artículo 496 Nº1 de este Código”, agrega el fallo.

Asimismo, el tribunal impuso a M.A.R.I. las accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos como parientes en los casos que la ley designa y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, si obtuviere su libertad por algún motivo.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en 2013, el imputado, a dicha época conviviente de la madre de la víctima de 6 años de edad, le realizó actos de significancia y relevancia sexual y la violó.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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