Corte Suprema acoge recurso de amparo y deja sin efecto expulsión de ciudadana boliviana
El máximo Tribunal estimó que “la medida de expulsión resulta ilegal, por desproporcionada, puesto que las circunstancias en que se encuentra el recurrente en la actualidad han variado respecto de aquellas tenidas en cuenta al tiempo en que se le impuso la condena que la motiva”.
La Corte Suprema revocó la expulsión de la ciudadana boliviana Elsa Mollo Gómez, declarando la medida ilegal y desproporcionada. Esta decisión surge tras la apelación presentada por el abogado defensor, Carlos Miranda Rodríguez, en respuesta al rechazo del amparo por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica.
La Corte Suprema recogió y prácticamente reproducido los argumentos presentados en favor de la amparada en su resolución, concluyendo que la expulsión resulta ilegal debido a su carácter desproporcionado. En consecuencia, se ha revocado la resolución apelada, acogiendo el amparo y dejando sin efecto la expulsión.
Uno de los aspectos relevantes destacados ante la Corte fue la forma en que la señora Elsa cumplió su condena, tanto en términos de la pena corporal como pecuniaria, dando cuenta de su completa reinserción social. La atención a estos detalles fue clave en la resolución favorable para la amparada que lleva junto a su familia, más de 30 años viviendo en Arica.
El defensor Carlos Miranda, subrayó la importancia de esta decisión para la justicia y los derechos humanos. «Este fallo reafirma la necesidad de medidas justas y proporcionales en todos los casos. La revocación de la expulsión de la señora Elsa Mollo Gómez es una victoria significativa para los derechos individuales y el debido proceso», manifestó Marinada.
Añadiendo que esta resolución de la Corte Suprema marca un precedente importante, destacando la necesidad de considerar la proporcionalidad y el cumplimiento de las penas en la toma de decisiones judiciales.
El defensor regional Sergio Zenteno Alfaro destacó el trabajo del abogado defensor Carlos Miranda y la trabajadora social Isabel Campos, quienes forman parte de la defensa especializada en materia de migrantes en la Defensoría Regional. “Ellos lograron demostrar la desproporcionalidad de la medida de expulsión en el caso de una mujer que llevaba 20 años en Chile y contaba con una importante red de apoyo. Este caso resalta el firme compromiso de la Defensoría Penal Pública en la protección de los derechos de nuestros representados,” afirmó.
