Regional

Tribunal Oral de Arica condena a 10 años y un día de presidio efectivo a autor del delito de homicidio en la costanera

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy –lunes 22 de noviembre– a Román Iván Dinamarca Suazo a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio. Ilícito perpetrado en abril de este año en la avenida Comandante San Martín de la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 340-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Fabiola Collao Contreras (presidenta), Carlos Rojas Staub (redactor) y Héctor Gutiérrez Massardo– aplicó a Dinamarca Suazo las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

La resolución dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el día 17 de abril de 2021, aproximadamente a las 23 horas, en el sector de los rucos ubicados al pie del Morro, en las inmediaciones de la avenida Comandante San Martín de la ciudad, el acusado Román Dinamarca Suazo, “con el propósito de ocasionar la muerte y premunido de un arma cortopunzante, apuñaló en diversas partes del cuerpo a la víctima Ramón Eduardo Alday Martínez ocasionándole una lesión cortopunzante cervical izquierda con ruptura de los vasos arterial y venoso y una herida penetrante torácica izquierda con hemoperitoneo de aproximadamente 33 cc., lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar debido a una anemia aguda por hemorragia exagüiante y herida penetrante cervical izquierda”.

Posteriormente, con fecha 21 de abril, previas órdenes de entrada, registro e incautación, otorgadas por el Juzgado de Garantía de Arica, el acusado fue detenido en el inmueble de calle Las Gramas de la ciudad, donde poseía tres armas cortopunzantes, tipo estoques de confección artesanal, de dimensiones de 80, 40 y 120 centímetros de largo, respectivamente, las que fueron incautadas.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

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