Defensa logra absolución de acusados tras evidenciar que pruebas que los inculpaban habían sido obtenidas de forma ilícita

Tras 7 meses de espera y de incertidumbre, tres personas acusadas del delito de tráfico de drogas finalmente fueron absueltas por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica. Se trata de K.S.C; D.P.D y M.L.E, quienes fueron detenidos en enero de este año, tras una investigación en el denominado operativo “Zarat II”. Dos de los tres imputados contaron con defensa por parte de la Defensorìa Penal Pública.

Dos de los tres acusados por la Fiscalía, estuvieron en prisión preventiva por casi 6 meses y se les solicitaba penas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, razón por la cual, los defensores penales públicos María Victoria Campos y Claudio Olivares, se abocaron en demostrar las vulneraciones de garantías fundamentales a las que sus representados se vieron expuestos, lo que implicó que se obtuvieran de forma ilícita las pruebas presentadas en su contra.

Los defensores, durante el juicio lograron establecer las contradicciones en las que los testigos cayeron en reiteradas ocasiones, para justificar la detención de los acusados en un condominio del sector norte de la ciudad; la incautación de sus pertenencias y el ingreso ilegal a un recinto privado, junto a otras actuaciones fuera del marco legal en que incurrió la policía infringiendo, de esta forma, las garantías de un debido proceso.

Al respecto de la detención el fallo de los jueces establece lo siguiente: “Los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos”.

Finalmente determina que “[…] se obtuvo la probanza con infracción de garantías constitucionales consistente en el debido proceso, la inviolabilidad del hogar y el derecho a la intimidad y privacidad de terceros de ese condominio […]”.

Sobre la absolución de su representado, el defensor penal público, Claudio Olivares, manifestó que en este juicio era importante demostrar los errores y la vulneración de garantías ya que siempre se  debe “hacer valer los derechos de la persona que estamos defendiendo, esto prestando una alta calidad en la defensa, tanto material como técnica velando siempre por un respeto a las garantías mínimas del debido proceso, por ello causas como esta deben darse a conocer, porque demuestran que para un correcto proceso, todo lo que lo compone debe estar en el marco de la ley”.

Por su parte, la defensora María Victoria Campos agregó que “el tribunal acogió la tesis de la defensa respecto a que el procedimiento fue efectuado por la policía con vulneración a derechos y principios constitucionales, no sólo respecto de los acusados (en la forma en que fueron detenidos) sino que también respecto de los residentes del condominio donde fueron detenidos los acusados. Al respecto, quedó demostrado que los policías ingresaron a esta propiedad privada, sin contar con ningún tipo de autorización, ni por parte de algún residente, cuidador o bajo el amparo de alguna orden judicial. Lo que llamó la atención de los jueces, ya que se trataba, de una investigación de largo aliento”.